Pocas semanas después de la masacre de Curuguaty, donde fueron asesinados 11 campesinos y seis policías, los imputados y detenidos por estos hechos decidían entrar en huelga de hambre. Los campesinos y campesinas, responsabilizados en forma exclusiva por los asesinatos (de sus propios compañeros y parientes), tomaron la medida para exigir que las detenidas embarazadas pasaran a prisión domiciliaria, y para que se apartaran del caso, por “prevaricato y parcialidad manifiesta” el juez José Dolores Benítez, y el fiscal Jalil Rachid.

El 14 de febrero de este año, los cinco campesinos presos, de los 14 procesados por el caso, decidieron volver a tomar esa medida para denunciar el carácter ilegal de la prisión a la que se encuentran sometidos. Una de sus principales batallas se refiere a la titularidad de las tierras de Marina Kue, que ocupaban cuando se produjo la masacre. La familia Riquelme, titular de la empresa Campos Morombí, y quién se declara propietaria de esas tierras, fue quién solicitó el desalojo que diera lugar a la masacre.

Cuando hoy se cumplen 25 días de huelga de hambre, miembros de la Comisión de Familiares de Víctimas de la Masacre de Marina Kue y de la Articulación Curuguaty, entre otros, tuvieron una audiencia con los ministros de la Corte Suprema de Justicia, órgano que debe expedirse sobre dicha titularidad.

Para conocer más sobre la actualidad y las previsiones de la lucha de los campesinos y campesinas paraguayas por el derecho a la tierra y a la justicia, conversamos con Cristina Coronel, integrante de Articulación Curuguaty, a través del Servicio de Paz y Justicia del Paraguay (Serpaj-py).