Los cinco campesinos que todavía permanecen en prisión por la causa de Curuguaty en Paraguay llevan casi 30 días de huelga de hambre. Están en estado delicado, y lo que resulta más preocupante para decenas de organizaciones y movimientos sociales paraguayos, es que los huelguistas están dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias si no se atienden sus demandas.

“Libertad o muerte” le dijeron este jueves en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, departamento central de Paraguay, al integrante de la organización Base Investigaciones Sociales (Base IS) y de la Articulación Curuguaty, Abel Areco. Durante la visita de Areco uno de los campesinos detenidos se desmayó.

Desde que Rubén Villalba, Néstor Castro, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana y Felipe Benítez empezaron la huelga, prácticamente no han recibido atención médica, contó Areco a Radio Mundo Real. No se avizora además ningún intento de solución de parte del gobierno.

Con la huelga los campesinos reclaman su libertad, porque consideran ilegal la medida de prisión que se les impuso hace cerca de dos años. Los otros nueve procesados por la causa Curuguaty cumplen ahora prisión domiciliaria.

Una de las principales demandas de los campesinos detenidos en la cárcel de Tacumbú tiene que ver con la titularidad de las tierras del predio de Marina Cué, en el departamento de Canindeyú y donde ocurrió la masacre del 15 de junio de 2012, en la zona conocida como Curuguaty. El predio está en medio de una disputa legal entre el Estado paraguayo y la empresa agrícola ganadera Campos Morombí, de la familia del empresario fallecido Blas Riquelme. Los campesinso de Marina Cué siempre argumentaron que esas tierras son del Estado y para la reforma agraria.

Los sin tierra detenidos explican que al no haber una resolución judicial aún sobre la propiedad del predio de Marina Cué ellos no pueden ser procesados, y mucho menos estar presos. No obstante, si se los mantiene detenidos, demandan que sea con prisión domiciliaria.

En ese fatídico 15 de junio de 2012 un gran operativo policial entró al predio para desalojar a unos 50 campesinos sin tierra (entre los que había mujeres y niños) que reclamaban el terreno. Once campesinos y seis policías terminaron muertos. Varios de los policías fallecieron por el impacto de balas de grueso calibre. Una de las fuertes versiones es que hubo francotiradores infiltrados en el lugar de los hechos.

Luego, en diciembre de ese año, el dirigente campesino Vidal Vega fue asesinado en la comunidad de Yvy Pytã, a unos cinco kilómetros de Marina Cué, con la Ruta 10 “Las Residentas” de por medio. Vidal Vega era integrante de la Comisión Sin Tierra de los campesinos que luchan por el predio de Marina Cué.

Semanas después de la masacre varios de los campesinos detenidos en Marina Cué y presos en la cárcel de Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú, realizaron una huelga de hambre que superó los 50 días. Se exigió en ese entonces que las detenidas embarazadas pasaran a prisión domiciliaria, lo que se logró, y que se se apartaran del caso al juez José Dolores Benítez y al fiscal Jalil Rachid por “prevaricato y parcialidad manifiesta”.